La Educación, base de una sociedad democrática, igualitaria y justa, permite que para todas y todos sea el instrumento movilizador hacia un desarrollo humano digno, ha sufrido un ascenso de normativas que va sentando las bases para una transformación social. En el pasado fue hasta la Educación Básica, más adelante la Media y, hoy, esa posta prioriza a la Educación Superior como un ente imperioso y movilizador en nuestra sociedad.
Esto se refleja en el exponencial incremento de matrículas en este último decenio. Así es como, durante el año 2022, un total de 318.473 estudiantes ingresó a una carrera de Educación Superior. De éstos, 185.905 escogieron un CFT o IP; es decir, menos de la mitad, sólo un 42%, optó por una universidad. Cifras que ponen sobre la mesa la urgencia de consagrar la Educación Técnica Profesional (TP) en la nueva Constitución y de sentar las bases de un marco regulatorio referente a su desarrollo.
Es importante considerar que la realidad que se vive en los distintos territorios que imparten estos ciclos formativos, de corta duración y especializado, comprende desafíos y dificultades propias de las regiones frente a la diversidad de herramientas y recursos que la capital de nuestro país posee. Ello es digno de ser analizado e incorporado en este eventual y esperado reconocimiento constitucional, entendiendo la necesidad de un apoyo en el financiamiento para sustentar un proyecto de tal magnitud.
Por otra parte, la puesta en marcha de los 15 centros de formación técnica (Ley 21.544), normativa que potencia la educación TP, que otorga un fuerte apoyo estatal por parte del Mineduc, ha sido una decisión insuficiente, por lo demoroso y complejo de lograrlo con la calidad que se requiere. La especialización en la formación necesita de la contribución del sector privado, que posee un gran recorrido que no se sustenta al azar, puesto que la época de creación de múltiples instituciones TP, que en su mayoría provenían del mundo privado, data del período que va desde 1965 a 1973. Aún más, actualmente, las entidades privadas que componen el subsector técnico profesional representan el 98% del total de estudiantes que siguen estudios técnico-profesionales en el año 2022.
Por tanto, es necesario relevar la significación de la educación superior TP en esta nueva propuesta de carta magna, homologando su importancia en relación con la educación universitaria, a través de la entrega de atribuciones al Estado para establecer un régimen regulatorio que favorezca a todas las instituciones de educación superior, públicas y privadas, reconociendo su alto valor social y aporte al sector productivo del país.
Asimismo, es pertinente garantizar la libertad de los proyectos educativos, respetando las distintas visiones que conlleva la coyuntura social, resguardando la autonomía de todas las instituciones de educación superior reconocidas oficialmente por el Estado.
La apertura de un nuevo proceso constitucional debe entenderse como una oportunidad de proponer, dialogar y aprobar un texto que fije un marco regulatorio con normas que estructuren y amolden una perspectiva general y necesaria para cada temática, discerniendo y comprendiendo que las especificaciones de una norma pueden ser discutidas y definidas por nuestros organismos legislativos.
La anterior propuesta constituyente no pudo prever que “menos es más”, lo que, al fin y al cabo, le costó su desaprobación, un precedente del que en esta ocasión se debe aprender.
